Qué significa el Título 42

Una de estas medidas fue la que adoptó Estados Unidos. El Título 42 es una sección del Código de los Estados Unidos que otorga a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la autoridad para imponer en la frontera restricciones relacionadas con la salud. Si bien el Título 42 se promulgó inicialmente como respuesta a las emergencias de salud pública, su implementación ha tenido consecuencias significativas, especialmente en la inmigración y los derechos de quienes solicitan asilo.
¿Qué es el Título 42?
El Título 42, también conocido como la disposición de "Salud Pública y Bienestar", permite a los CDC tomar medidas para prevenir la introducción, transmisión y propagación de enfermedades transmisibles en Estados Unidos. En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a intensificarse, la administración de Trump invocó el Título 42 para implementar una política de expulsión rápida de los migrantes y las personas que solicitaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, entre ellos familias y niños sin acompañantes.
Según esta política, las personas detenidas en la frontera fueron expulsadas de inmediato sin tener la oportunidad de solicitar asilo o someterse a los procedimientos de inmigración habituales. Este proceso de expulsión, comúnmente conocido como "deportación expedita", omite los protocolos de inmigración estándar y priva a las personas de su derecho al debido proceso. Si bien el Título 42 se aplica a todos los migrantes encontrados en las fronteras, independientemente de su situación migratoria, afectó desproporcionadamente a quienes solicitaban asilo y a las poblaciones vulnerables.
¿Cómo se implementó el Título 42?
La implementación del Título 42 ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos legales y defensores de los derechos de los inmigrantes. Los críticos argumentan que esta política viola las obligaciones de Estados Unidos conforme al derecho internacional y nacional, lo que incluye el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, que prohíbe el retorno de personas a un país donde puedan tener que enfrentar persecución o algún tipo de daño.
Una de las preocupaciones clave planteadas por los opositores del Título 42 es la denegación del acceso al sistema de asilo. Buscar asilo es un derecho fundamental protegido tanto por la ley estadounidense como por el derecho internacional. Sin embargo, el proceso de deportación expedita de esta política ignoró efectivamente este derecho y dejó a las personas con opciones limitadas para presentar su solicitud de protección. Esto originó un importante retraso en los casos de solicitud de asilo.
Además, la expulsión de personas vulnerables, incluidos los niños no acompañados, generó preocupación sobre su bienestar y seguridad. La expulsión de menores sin los debidos procesos de evaluación y garantías legales aumenta el riesgo de tráfico, explotación y abuso. Esta política también supuso una carga adicional para los países vecinos, como México, ya que se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de un aumento en las expulsiones.
Si bien el Título 42 se implementó inicialmente como una medida temporal durante la pandemia, ha seguido en vigor bajo la administración de Biden. A pesar de los llamamientos de los defensores y expertos legales para revocar la política, la administración había mantenido su uso, argumentando que se trataba de una cuestión de salud pública y era necesario proteger a la población estadounidense de la propagación del COVID-19.
Consecuencias de eliminar el Título 42
Los opositores a la reforma migratoria argumentan que ahora que se ha eliminado el Título 42, Estados Unidos se verá desbordado por inmigrantes. Sin embargo, las cifras más recientes muestran que los números de la inmigración no han aumentado drásticamente. En estos momentos hay naciones en todo el mundo que necesitan con urgencia personas para aumentar la población y cubrir vacantes de empleo en diversos sectores de la industria, por lo que los inmigrantes tienen más opciones que nunca para migrar a nuevas tierras.
Además, el temor de permitir más inmigrantes en Estados Unidos se relaciona con la seguridad. Es común escuchar en las conversaciones la afirmación de que los inmigrantes generan delincuencia, pero nada podría estar más lejos de la realidad.
Un estudio de 2020 publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citado por el Departamento de Justicia, mostró que entre los inmigrantes indocumentados los índices de delincuencia son "considerablemente" más bajos que entre los ciudadanos nacidos en el país y los inmigrantes legales, según datos de arrestos del Departamento de Seguridad Pública de Texas. PNAS utilizó los datos para comparar la criminalidad de los inmigrantes indocumentados, los inmigrantes legales y los ciudadanos nacidos en Estados Unidos entre 2012 y 2018. Esta publicación arbitrada reveló que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos tienen más del doble de probabilidades de ser arrestados por delitos violentos y relacionados con drogas, y más de cuatro veces más probabilidades de ser arrestados por delitos contra la propiedad.
Estados Unidos está quedando rezagado en términos financieros y de población al cerrar sus puertas o dificultar el ingreso y asentamiento de inmigrantes, especialmente refugiados y solicitantes de asilo, sin pruebas tangibles del daño que podrían causar.
El Título 42 ha tenido consecuencias de gran alcance tanto para Estados Unidos como para los inmigrantes. Si bien la intención de la política era proteger la salud pública, su implementación ha generado preocupación sobre la negación del debido proceso, la violación de los derechos de asilo y el bienestar de las poblaciones vulnerables.
Mientras la situación continúa evolucionando, sigue siendo imperativo encontrar un equilibrio entre las consideraciones de salud pública y el respeto a los derechos y la dignidad de las personas. La solución definitiva radica en encarar una reforma migratoria integral y abordar las causas subyacentes de la migración para garantizar un enfoque justo y humano en la gestión de fronteras.